La División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, en articulación con la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense, allanó un pabellón de la Unidad N° 16 y secuestró un celular utilizado para amenazar a una familia juninense desde el interior del penal.

Una investigación iniciada a partir de la denuncia de un vecino de Junín, quien recibió mensajes de audio amenazantes a través de WhatsApp, derivó en un operativo que expuso una modalidad delictiva en franco crecimiento: el uso de teléfonos celulares por parte de internos para cometer ilícitos desde el interior de las unidades penitenciarias.

El trabajo de rastreo digital estuvo a cargo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, que, mediante el análisis de tráfico telefónico, geolocalización de antenas y cruce de bases de datos, logró establecer un vínculo entre la línea utilizada para proferir las amenazas y una persona actualmente detenida en la Unidad Penitenciaria N° 16, con antecedentes por un homicidio ocurrido hace más de una década.

Con el aval de la Fiscalía interviniente y la correspondiente autorización judicial, personal de la División, junto con efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense, ingresó al establecimiento y secuestró un teléfono celular que ahora será sometido a pericia informática para determinar su vinculación con los hechos investigados. A partir de este procedimiento, el detenido fue notificado de la formación de una nueva causa por amenazas agravadas.

Un antecedente que marcó a la ciudad

El nombre del detenido no es ajeno a los antecedentes policiales de Junín. Hace más de una década, integró junto a otras dos personas el trío que fue llevado a juicio por el crimen de un enfermero de la ciudad, ocurrido en marzo de 2012 en una vivienda del barrio, un hecho que en su momento generó fuerte conmoción social y mediática por la saña del ataque y por la posterior venta de pertenencias sustraídas a la víctima, entre ellas una computadora portátil.

La investigación de aquel entonces combinó pericias genéticas, análisis de comunicaciones telefónicas y testimonios cruzados, y permitió reconstruir los movimientos de los tres acusados durante las horas posteriores al hecho.

Tras un extenso juicio oral, el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Junín condenó a los tres imputados a penas de entre 13 y 16 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio. Al hoy nuevamente detenido se le impuso, además, la máxima condena y la declaración de reincidencia, por tratarse de una persona que ya había cumplido una pena privativa de la libertad con anterioridad a ese crimen.

Aquel caso había tenido, además, un capítulo adicional: uno de los coimputados fue localizado y detenido en la provincia de Mendoza, tras permanecer bajo seguimiento de los investigadores locales, lo que en su momento también fue noticia en los medios regionales.

_Una modalidad delictiva que preocupa_

El caso actual pone de relieve un fenómeno que inquieta cada vez más a la Justicia y a las fuerzas de seguridad de la región: la persistencia de estructuras delictivas que continúan operando desde el interior de las cárceles, valiéndose de dispositivos de comunicación en poder de los internos.

Frente a este escenario, la coordinación entre las áreas de investigación tecnológica, el Ministerio Público Fiscal y el sistema penitenciario se consolida como una herramienta clave para detectar y desarticular este tipo de maniobras antes de que escalen.

_La palabra de la Secretaría de Seguridad_

Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Junín se destacó el trabajo articulado entre las distintas fuerzas y se remarcó la importancia de que la ciudadanía continúe realizando las denuncias correspondientes ante cualquier situación de amenaza o intimidación, cualquiera sea el medio utilizado para cometerla.

Asimismo, se recomendó a los vecinos conservar las capturas de pantalla, audios y mensajes recibidos, evitar responder o interactuar con los remitentes de este tipo de comunicaciones y realizar la denuncia de manera inmediata en la dependencia policial más cercana o a través de los canales digitales habilitados.

El caso demuestra que ni siquiera el encierro es garantía de impunidad para quienes intentan seguir delinquiendo desde las sombras.