​Una compleja investigación iniciada en Junín desarticuló una organización delictiva. La maniobra incluyó usurpación de identidad, transferencias millonarias y ramificaciones que terminaron con un allanamiento en una unidad penitenciaria de Gorina.

​Una nueva modalidad de ciberdelito quedó al descubierto tras una serie de operativos conjuntos que permitieron detener a una mujer y notificar a un recluso alojado en un penal, acusados de integrar una red dedicada a estafas virtuales. La causa es investigada por la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la fiscal Dra. Vanina Lizaso.

​El engaño: identidad suplantada y 10,7 millones de pesos

​El hecho se originó en la ciudad de Junín, cuando un hombre recibió un mensaje de WhatsApp proveniente de la cuenta de un conocido que le ofrecía dólares a la venta. Confiado en la supuesta legitimidad de la operación, el damnificado concretó cuatro transferencias bancarias desde distintas cuentas, totalizando la suma de $10.700.000.

​Minutos después de efectuada la transacción, la víctima descubrió la verdad: el contacto real había sufrido el secuestro y acceso ilegítimo de su cuenta de WhatsApp, una táctica habitual de ingeniería social conocida como phishing o suplantación de identidad para cometer fraudes en cadena.

​Investigación digital y financiera

​Ante la denuncia, la División de Investigaciones Delitos Informáticos Sede Junín puso en marcha una minuciosa pesquisa que combinó:

​Análisis financiero y digital.

​Requerimientos a entidades bancarias.

​Cruces de registros telefónicos y consultas a organismos públicos.

​Herramientas de investigación de fuentes abiertas (OSINT) y reconstrucción de vínculos.

​El rastreo de los fondos permitió establecer que el dinero había terminado en una cuenta del Banco Nación perteneciente a una mujer de 41 años, oriunda de La Plata. Tras ubicarla, se ejecutó un allanamiento que culminó con su detención y el secuestro de su teléfono celular junto a una tarjeta SIM.

​El cerebro detrás de las rejas

​Lejos de cerrarse con la captura de la titular de la cuenta, la investigación profundizó en los dispositivos y vínculos familiares. Las pesquisas apuntaron a un hombre de 34 años, oriundo de Florencio Varela, pareja o expareja de la detenida y con quien comparte un hijo en común.

​Según los indicios recolectados, el sospechoso —que se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 12 de Joaquín Gorina— habría tenido acceso remoto al teléfono de la mujer, instalándole un software de control para manipular el dispositivo y sus aplicaciones financieras desde la cárcel.

​Además, los investigadores detectaron que los 10,7 millones de pesos fueron rápidamente dispersados hacia múltiples cuentas y personas, cuyo grado de complicidad —ya sea como testaferros, familiares o allegados— es ahora materia de análisis para determinar si se trató de compras de bienes o servicios para blanquear el dinero.

​El operativo final

​Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en el penal de Gorina, el cual arrojó resultado positivo: se incautaron un teléfono celular y una tarjeta SIM, elementos clave que ahora serán sometidos a pericias forenses para certificar las comunicaciones y el manejo de las billeteras virtuales.

​El operativo fue llevado adelante por la División de Investigaciones Delitos Informáticos Sede Junín, con el valioso apoyo de su par en La Plata.

​Tras el procedimiento, la fiscalía dispuso la notificación de formación de causa al interno penitenciario, mientras continúa el peritaje técnico sobre la evidencia digital para dar con el resto de los partícipes en el circuito financiero ilícito.