​Presentan un proyecto de "Narcotest" obligatorio para funcionarios y concejales de Junín

​La iniciativa, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, busca que desde el Intendente hasta los directores municipales deban presentar un certificado negativo de drogas ilegales de forma aleatoria y obligatoria.

​JUNÍN, 5 de Junio de 2026 — El debate sobre la transparencia y la aptitud en el ejercicio de la función pública sumó un nuevo y fuerte capítulo en el ámbito local. El bloque de concejales de La Libertad Avanza, liderado por la presidenta de la bancada Belén Veronelli, ingresó formalmente al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza denominado "Narcotest". La propuesta, dirigida a la presidenta del cuerpo, Dra. Agustina de Miguel, busca replicar normativas que ya se encuentran vigentes en otras provincias del país como Córdoba, Neuquén, Salta y San Luis.

​El eje central: Quiénes deben testearse y qué exige el “Artículo 1°”

​El corazón del proyecto radica en su Artículo 1°, el cual establece la tolerancia cero y la obligatoriedad absoluta para la alta línea política del municipio. La normativa dispone que:

​Toda persona que ejerza la función pública en el ámbito de la Municipality de Junín, en todos sus niveles y jerarquías —incluyendo al Intendente, Concejales, integrantes del Juzgado de Faltas, Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y Responsables de Áreas Descentralizadas—, estará obligada a presentar un Certificado Negativo expedido por una Institución Médica. Este documento deberá acreditar de forma fehaciente la ausencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.

​La medida abarca a todo funcionario de máxima jerarquía bajo el argumento de que, al administrar presupuestos, personal y áreas sensibles como salud o seguridad, no se les puede exigir "un estándar menor que el que se le exige en infinidad de trabajos del sector privado".

​Controles aleatorios, confidencialidad y costeo del examen

​De acuerdo al articulado del proyecto, el examen constará de un test rápido (screening) de orina y, en caso de resultar positivo, una contraprueba confirmatoria mediante el riguroso método de "Cromatografía de gases asociado a espectrometría de masa". Los controles deberán detectar, como mínimo, la presencia de cannabinoides y cocaína.

​Para garantizar la transparencia y evitar sospechas de "persecución política dirigida", la ordenanza prevé un esquema mixto:

​Frecuencia: Los controles serán aleatorios, obligatorios y se realizarán cada dos (2) años.

​Financiamiento: El costo de los estudios bioquímicos correrá por cuenta del propio funcionario, siendo descontado directamente de su recibo de haberes (Artículo 4°).

​Resguardo legal: Dado que los resultados médicos son considerados "datos sensibles", el proyecto se ampara rigurosamente en la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales, asegurando el secreto y la debida reserva de la intimidad y el honor de los involucrados.

​¿Qué pasa en caso de dar positivo o negarse?

​El proyecto contempla una ventana de resguardo: si un test arroja resultado positivo, el funcionario tendrá un plazo de 24 horas para solicitar formalmente la realización de un segundo examen de control.

​Si se confirma el diagnóstico de consumo de sustancias prohibidas o ante el incumplimiento de la presentación del certificado (Artículo 5°), se dará intervención inmediata a la Asesoría Letrada del municipio para aplicar los procedimientos vigentes correspondientes a la infracción. En paralelo, se dará intervención a las áreas de salud pública competentes para abordar la situación del afectado desde una perspectiva de contención, asistencia e integralidad médica.

​El proyecto de ordenanza ya tomó estado parlamentario y se espera que en las próximas semanas comience su discusión en las comisiones del Concejo Deliberante, donde promete generar intensos debates entre las distintas fuerzas políticas de Junín.

​Puntos clave para destacar en redes o recuadros (Highlights):

​Alcance total: Afecta desde el Intendente y Concejales hasta Subdirectores y secretarios.

​Sustancias a medir: Obligatorio el control de cocaína y marihuana (cannabinoides), extensible a otras drogas ilegales.

​Plazo inicial: Una vez aprobada, los funcionarios tendrán un plazo máximo de 45 días corridos para presentar el primer certificado negativo.

​Vigencia: Cada certificado tendrá una validez legal de solo 48 horas desde su obtención por parte del laboratorio designado por el Ejecutivo.